29/04/2026 - Opinion :
Pilay, los consumidores y la ausencia del Estado
A través de los distintos medios de comunicación y redes sociales, se está visibilizando un grave problema que afecta a un gran número de consumidores en la provincia de Santa Fe: la falta de entrega de inmuebles que ya han sido abonados en su totalidad a la firma Pilay.
Pilay, los consumidores y la ausencia del Estado :
A través de los distintos medios de comunicación y redes sociales, se está visibilizando un grave problema que afecta a un gran número de consumidores en la provincia de Santa Fe: la falta de entrega de inmuebles que ya han sido abonados en su totalidad a la firma Pilay.
Se trata de un conflicto de extrema seriedad, habida cuenta de que perjudicaría a muchísimas familias que depositaron en esta empresa sus sueños, esperanzas y años de esfuerzo para acceder a uno de los bienes más preciados: la vivienda propia. Sin embargo, frente a esta vulneración, el Estado —que debería ser el primer garante en defenderlos— brilla por su ausencia.
Resulta frustrante observar cómo las promesas de los dirigentes políticos, que en su momento pidieron el voto ciudadano para reformar la Constitución provincial bajo la bandera de "mejorar los derechos", se estrellan hoy contra el muro de la indiferencia.
Es oportuno recordar que el artículo 32 de la Nueva Constitución señala expresamente que "la Provincia protege los derechos de consumidores y usuarios". Según este texto, los ciudadanos deben gozar del derecho a la dignidad; a la indemnidad personal y patrimonial; a la información; al acceso gratuito a la justicia y a una tutela judicial efectiva. Además, establece que la Provincia debe proteger estos derechos mediante un sistema administrativo sólido, protegiendo a los usuarios de cláusulas contractuales y prácticas abusivas.
Determina también que la Provincia “protege estos derechos mediante un sistema administrativo de defensa del consumidor, su normativa de implementación y las acciones judiciales individuales y colectivas”.
Ante este panorama, la pregunta obligada es: ¿cuál es la aplicación práctica de estos enunciados? Las autoridades públicas responsables de los organismos de defensa del consumidor —como la Dirección de Comercio Interior provincial o las distintas OMIC municipales— permanecen en un extraño silencio, omitiendo su deber de informar y guiar a consumidores que hoy se encuentran indefensos frente al público y evidente incumplimiento corporativo.
La Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor y nuestra propia Constitución Nacional son claras e inobjetables respecto a la tutela de los derechos que hoy están siendo afectados. Ya no hay margen ni excusa válida para que los organismos del Estado sigan demorando su obligación indelegable de hacerlos cumplir.
Ing. Luis Lombó Ex presidente
Adelco Filial Santa Fe
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Información General
09 de Abril de 2026
El conflicto Pilay llegó a la Legislatura: piden la intervención del gobierno provincial
Ahorristas llevaron su reclamo a la Cámara de Diputados. “El Estado debe intervenir activamente para garantizar canales de diálogo, facilitar acuerdos y proteger los derechos de los consumidores”, dijo el diputado Rabbia.-
El conflicto por las demoras en las entregas de los departamentos comprados a la desarrolladora Pilay escala y ahora llegó a la Legislatura de Santa Fe, con el reclamo de los ahorristas de que el gobierno provincial intervenga.
Legisladores y Legisladoras de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados Provincial recibieron este miércoles 8 de abril a una delegación de “Autoconvocados contra los Incumplimientos de Pilay” de Rosario y Santa Fe y de miembros del Cesyac, la entidad de defensa de los derechos del consumidor que colabora en la organización y contención de los ahorristas.
Luego de escuchar los reclamos de los damnificados, los legisladores adelantaron que solicitarán al órgano provincial que atiende las denuncias vinculadas al consumidor para que actúe en consecuencia.
Durante la audiencia, los legisladores mostraron una gran preocupación por la situación que atraviesan los ahorristas, quienes desde hace tiempo dicen venir padeciendo reiterados incumplimientos de Pilay.
La más grave es la no entrega de las unidades comprometidas en las áreas correspondientes y los tiempos pactados, luego del pago sistemático de las cuotas durante veinte años.
Los legisladores presentes manifestaron estar siguiendo de cerca el conflicto y se comprometieron a citar a las autoridades de la Secretaría de Comercio Interior para que intervengan ante los reclamos y denuncias.
Estuvieron presentes los diputados y diputadas Rosana Bellatti, presidenta de la comisión y legisladora por el Bloque Socialista; Claudio Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía; Juan José Piedra Buena, del Barrio para la Gente; Sergio Rojas, del Bloque Socialista; y Ariel Bermúdez, del Bloque Creo.
También participó Miguel Rabbia quien el 31 de marzo presentó un proyecto de comunicación solicitando informes al Departamento Ejecutivo por la misma problemática.
En concreto, el legislador solicitó la intervención del Poder Ejecutivo, a través de las áreas de Defensa del Consumidor, para que actúe como mediador y conciliador ante los reclamos por incumplimientos de la firma Pilay S.A. y sus empresas vinculadas, en un conflicto que ya afecta a un número significativo de familias santafesinas.
La iniciativa pone el foco en la necesidad de encauzar institucionalmente las denuncias de quienes forman parte de sistemas de ahorro previo para acceder a la vivienda, y que vienen señalando demoras en los plazos de entrega, cambios en la localización de las unidades y modificaciones en las condiciones originalmente pactadas.
En ese marco, el proyecto solicita que el Estado provincial intervenga activamente para garantizar canales de diálogo, facilitar acuerdos y proteger los derechos de los consumidores.
“Esto ya es una cuestión de orden público, que excede lo individual. Para ello el Ejecutivo cuenta con la Secretaría de Comercio, que debe terciar para garantizar una relación simétrica entre los consumidores y las empresas”, sostuvo Rabbia.
El legislador subrayó además que la intervención solicitada no implica determinar responsabilidades judiciales, cuestión que corresponde a los órganos competentes, sino asegurar mecanismos adecuados de mediación que permitan atender los reclamos y avanzar hacia la recomposición de derechos afectados.
Tras la reunión con legisladores, el Cesyac organizó en la capital provincial a una charla debate de ahorristas damnificados que convocó a unos 100 clientes de clientes
A través de los distintos medios de comunicación y redes sociales, se está visibilizando un grave problema que afecta a un gran número de consumidores en la provincia de Santa Fe: la falta de entrega de inmuebles que ya han sido abonados en su totalidad a la firma Pilay.
Se trata de un conflicto de extrema seriedad, habida cuenta de que perjudicaría a muchísimas familias que depositaron en esta empresa sus sueños, esperanzas y años de esfuerzo para acceder a uno de los bienes más preciados: la vivienda propia. Sin embargo, frente a esta vulneración, el Estado —que debería ser el primer garante en defenderlos— brilla por su ausencia.
Resulta frustrante observar cómo las promesas de los dirigentes políticos, que en su momento pidieron el voto ciudadano para reformar la Constitución provincial bajo la bandera de "mejorar los derechos", se estrellan hoy contra el muro de la indiferencia.
Es oportuno recordar que el artículo 32 de la Nueva Constitución señala expresamente que "la Provincia protege los derechos de consumidores y usuarios". Según este texto, los ciudadanos deben gozar del derecho a la dignidad; a la indemnidad personal y patrimonial; a la información; al acceso gratuito a la justicia y a una tutela judicial efectiva. Además, establece que la Provincia debe proteger estos derechos mediante un sistema administrativo sólido, protegiendo a los usuarios de cláusulas contractuales y prácticas abusivas.
Determina también que la Provincia “protege estos derechos mediante un sistema administrativo de defensa del consumidor, su normativa de implementación y las acciones judiciales individuales y colectivas”.
Ante este panorama, la pregunta obligada es: ¿cuál es la aplicación práctica de estos enunciados? Las autoridades públicas responsables de los organismos de defensa del consumidor —como la Dirección de Comercio Interior provincial o las distintas OMIC municipales— permanecen en un extraño silencio, omitiendo su deber de informar y guiar a consumidores que hoy se encuentran indefensos frente al público y evidente incumplimiento corporativo.
La Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor y nuestra propia Constitución Nacional son claras e inobjetables respecto a la tutela de los derechos que hoy están siendo afectados. Ya no hay margen ni excusa válida para que los organismos del Estado sigan demorando su obligación indelegable de hacerlos cumplir.
Ing. Luis Lombó Ex presidente
Adelco Filial Santa Fe
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Información General
09 de Abril de 2026
El conflicto Pilay llegó a la Legislatura: piden la intervención del gobierno provincial
Ahorristas llevaron su reclamo a la Cámara de Diputados. “El Estado debe intervenir activamente para garantizar canales de diálogo, facilitar acuerdos y proteger los derechos de los consumidores”, dijo el diputado Rabbia.-
El conflicto por las demoras en las entregas de los departamentos comprados a la desarrolladora Pilay escala y ahora llegó a la Legislatura de Santa Fe, con el reclamo de los ahorristas de que el gobierno provincial intervenga.
Legisladores y Legisladoras de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados Provincial recibieron este miércoles 8 de abril a una delegación de “Autoconvocados contra los Incumplimientos de Pilay” de Rosario y Santa Fe y de miembros del Cesyac, la entidad de defensa de los derechos del consumidor que colabora en la organización y contención de los ahorristas.
Luego de escuchar los reclamos de los damnificados, los legisladores adelantaron que solicitarán al órgano provincial que atiende las denuncias vinculadas al consumidor para que actúe en consecuencia.
Durante la audiencia, los legisladores mostraron una gran preocupación por la situación que atraviesan los ahorristas, quienes desde hace tiempo dicen venir padeciendo reiterados incumplimientos de Pilay.
La más grave es la no entrega de las unidades comprometidas en las áreas correspondientes y los tiempos pactados, luego del pago sistemático de las cuotas durante veinte años.
Los legisladores presentes manifestaron estar siguiendo de cerca el conflicto y se comprometieron a citar a las autoridades de la Secretaría de Comercio Interior para que intervengan ante los reclamos y denuncias.
Estuvieron presentes los diputados y diputadas Rosana Bellatti, presidenta de la comisión y legisladora por el Bloque Socialista; Claudio Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía; Juan José Piedra Buena, del Barrio para la Gente; Sergio Rojas, del Bloque Socialista; y Ariel Bermúdez, del Bloque Creo.
También participó Miguel Rabbia quien el 31 de marzo presentó un proyecto de comunicación solicitando informes al Departamento Ejecutivo por la misma problemática.
En concreto, el legislador solicitó la intervención del Poder Ejecutivo, a través de las áreas de Defensa del Consumidor, para que actúe como mediador y conciliador ante los reclamos por incumplimientos de la firma Pilay S.A. y sus empresas vinculadas, en un conflicto que ya afecta a un número significativo de familias santafesinas.
La iniciativa pone el foco en la necesidad de encauzar institucionalmente las denuncias de quienes forman parte de sistemas de ahorro previo para acceder a la vivienda, y que vienen señalando demoras en los plazos de entrega, cambios en la localización de las unidades y modificaciones en las condiciones originalmente pactadas.
En ese marco, el proyecto solicita que el Estado provincial intervenga activamente para garantizar canales de diálogo, facilitar acuerdos y proteger los derechos de los consumidores.
“Esto ya es una cuestión de orden público, que excede lo individual. Para ello el Ejecutivo cuenta con la Secretaría de Comercio, que debe terciar para garantizar una relación simétrica entre los consumidores y las empresas”, sostuvo Rabbia.
El legislador subrayó además que la intervención solicitada no implica determinar responsabilidades judiciales, cuestión que corresponde a los órganos competentes, sino asegurar mecanismos adecuados de mediación que permitan atender los reclamos y avanzar hacia la recomposición de derechos afectados.
Tras la reunión con legisladores, el Cesyac organizó en la capital provincial a una charla debate de ahorristas damnificados que convocó a unos 100 clientes de clientes
